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¿Torres legales?

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Ha sido un largo proceso judicial. Sin embargo, de momento estas torres podrán ser finalmente construidas pese a estar a pocos metros de un acantilado.

Finalmente el Gobierno no va a continuar con el proceso de expropiación iniciado ahora hace un año para incorporar estos edificios que el grupo Ballester promueve en la zona de Punta Llisera, en la playa de Levante de Benidorm y que el Consejo de Ministros había declarado en 2007 de utilidad pública.

La resolución está apoyada en un informe de la Abogacía General del Estado, que aconseja desistir por “prevalecer un interés general”.  Los recursos presentados y las dos sentencias del Supremo han sido favorables a la empresa.

En todo este tiempo, la constructora ha continuado los trabajos y ya está levantada toda la estructura de las 22 alturas permitidas. La ley de Costas sin embargo, sigue dejando en el aire a otras construcciones de la provincia de Alicante.

Y es que la modificación de esta normativa está  pendiente de aprobación en el Congreso. Una reforma que sin embargo no convence ni a los propietarios perjudicados por el deslinde ni a los ecologistas.

Esta modificación permitiría a los dueños de las construcciones levantadas en los terrenos afectados por el deslinde, ponerlas de nuevo a la venta, con lo que recuperarían valor de mercado.

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